La disputa política y judicial entre Nación y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo. Ante un fallo del juzgado federal en lo Contencioso Administrativo, que ordenó la suspensión de las clases presenciales en el territorio de la ciudad autónoma, la gestión de Horacio Rodríguez Larreta resolvió por vía administrativa no acatar la medida. Hoy, las escuelas abrirán sus puertas y la resolución del conflicto depende de la Corte Suprema de Justicia.
“Hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida, las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continúan con clases presenciales”, manifestó el gobierno porteño a través de un comunicado.
Con esta determinación, la gestión gubernamental se sigue acaparando en el fallo dictado, el último domingo, por la Cámara de Apelaciones de la Ciudad (en lo Contencioso Administrativo y Tributario) para no acogerse a lo dispuesto en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 241/2021. La resolución, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández, suspendió hasta el 30 de abril las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para disminuir la movilidad de personas y el riesgo de contagios por la pandemia.
En ese documento difundido anoche, se enfatizó que “el Gobierno de la Ciudad ratifica que las clases continuarán siendo dictadas de forma presencial como hasta el día de hoy”. Y remarcaron que el reciente fallo del juzgado federal fue “dictado por un juez de Primera Instancia de la Justicia Federal y ante la opinión jurídica de la Procuración General de la Ciudad”.
Justamente, el lunes la Procuración del Tesoro de la Nación pidió la inhibitoria de la justicia porteña y que se mantenga la aplicación del decreto que suspendía las clases en el AMBA para mitigar los efectos de la covid-19 ante el crecimiento exponencial de casos positivos.
El planteo de la Procuración del Tesoro, que encabeza Carlos Zannini, fue presentado ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y recayó en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 2 cuyo titular es el juez Esteban Furnari.
En su resolución el juez federal Furnari declaró incompetente a la Justicia porteña en este tema y envió la causa a la Corte Suprema. Además, dejó sin efecto la cautelar planteada por padres y madres de alumnos contra el DNU del Gobierno nacional.
En medio de esta puja, gremios docentes como Camyp, AMET, Sadop, Ademys y UTE-Ctera ratificaron por 24 horas más el paro al que convocaron desde el lunes como señal de protesta por la presencialidad en las aulas. La medida de fuerza tuvo acatamiento dispar en establecimientos de gestión pública y privada.
En manos de la Corte Suprema
Rodríguez Larreta fue contundente al asegurar que solo acatará lo que resuelva el máximo tribunal sobre este asunto.
El lunes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró competente en el conflicto que despertó la presencialidad de los estudiantes en las aulas.
Luego de dar el primer paso y aceptar su competencia originaria en el caso, la Corte le corrió traslado al Gobierno nacional para que conteste y aporte pruebas. A raíz de esta medida, la Jefatura de Gabinete –en representación del gobierno- tendrá cinco días para responder los argumentos esbozados por la administración porteña.
El fallo fue dictado con el voto de los ministros Carlos Rosenkrantz, Carlos Maqueda, Horacio Rossatti y Ricardo Lorenzetti. Elena Highton de Nolasco se manifestó en contra al considerar que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “no es un sujeto aforado a la jurisdicción originaria” del tribunal. Por su voto, Highton de Nolasco entiende que no puede considerarse jurídicamente con el mismo estatus que una provincia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por tal motivo no podría accionar en forma directa ante la Corte.
La competencia originaria y exclusiva de la Corte surge del artículo 117 de la Constitución Nacional, que establece que el tribunal entenderá en forma directa y no por apelación en los asuntos concernientes en los que alguna provincia fuese parte.
Debate: “no vacunamos más docentes porque el gobierno nacional no nos da más vacunas”
Horacio Rodríguez Larreta respondió la crítica del presidente por el bajo nivel de vacunación de los maestros porteños, dijo Clarín. "Les dimos vacunas a los profesionales de la salud que se empadronaron. Ya vacunamos mayores de 80 y 70 y abrimos el empadronamiento de mayores de 65. Cuando terminemos los mayores de 60, recién ahí hay que vacunar a docentes y policías, pero es el orden que estableció el gobierno nacional. No vacunamos más docentes porque el gobierno nacional no nos da más vacunas. Si nos dan vacunas más rápido, los vacunamos a todos encantados”.